**El Salvador: La Doble Cara del “Modelo Bukele” tras Cuatro Años de Guerra contra las Maras**
El Salvador ha emergido como un caso de estudio global en la lucha contra el crimen organizado, registrando en 2025 una drástica reducción en los homicidios a 1.3 por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de América, una marcada diferencia respecto a las 103 muertes por cada 100.000 en 2015. Esta notable mejora en la seguridad, impulsada por el “régimen de excepción” del presidente Nayib Bukele, ha transformado la vida en comunidades como La Campanera, antes bastión de pandillas como el Barrio 18 y la MS-13. Hoy, la tranquilidad permite a los residentes disfrutar de espacios públicos que antes eran zonas de guerra, y el éxito ha consolidado la alta popularidad de Bukele, convirtiéndolo en un referente para líderes de otras naciones latinoamericanas.
Sin embargo, la efectividad de estas políticas se ha logrado a un costo significativo para los derechos civiles y la democracia. El régimen de excepción ha permitido la detención de aproximadamente 90.000 personas sin orden judicial y su encarcelamiento prolongado sin cargos formales, elevando a El Salvador a la cima mundial en tasa de encarcelamiento. Organizaciones de derechos humanos denuncian el uso de pruebas cuestionables y la falta de acceso a la defensa, documentando 537 muertes bajo custodia estatal antes de juicio, como el caso de José Alfredo Vega González, cuya madre se enteró de su deceso por redes sociales. A pesar de que el gobierno reporta la liberación de 9.000 personas que resultaron no tener vínculos con pandillas, el sistema judicial permanece saturado y las garantías procesales, en entredicho.
La concentración de poder es una preocupación creciente, con 57 de los 60 diputados legislativos apoyando a Bukele y una Corte Suprema con magistrados afines al gobierno. Modificaciones legales recientes han abierto la puerta a la reelección presidencial indefinida, con Bukele anunciando su candidatura para un tercer mandato en 2027. Críticos como Samuel Ramírez, coordinador del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), advierten sobre una “dictadura de otro tipo”, donde el miedo a la expresión se cierne sobre la población. Paralelamente, la economía muestra una dualidad: a pesar de un crecimiento del 3.9% en 2025 y un boom inmobiliario, la pobreza aumentó del 22.8% al 27.2% entre 2019 y 2023, y la pobreza extrema de 4.3% a 8.8%, señalando que los beneficios económicos no han permeado a toda la sociedad. Expertos como Robert Muggah cuestionan la viabilidad de replicar este modelo en países con contextos criminales más complejos, citando el ejemplo de Ecuador, donde la violencia se ha desplazado y, en 2024, se registró un número récord de homicidios tras adoptar medidas similares.